El Gobierno del Estado de Buenos Aires ha publicado un decreto, con fecha 28 de octubre de 1857 encomendando, a los párrocos de las iglesias establecidas, los registros civiles sobre matrimonios, nacimientos, bautismos y muertes de los habitantes del Estado. Esta medida (confiesa el exordio del decreto) ha recibido la aprobación de la curia eclesiástica. Lo que nos admira, es la inocencia de la confesión, respecto a la curia. Se entrega en manos de las iglesias la gerencia de los documentos más importantes de la vida civil y después se agrega: Está conforme la curia eclesiástica.
No lo dudamos. La curia debe haber aplaudido misteriosamente y allá, en sus profundas elucubraciones de dominio, debe haber consignado semejante concesión como una victoria, tanto más plausible cuanto era menos esperado.
La inclinación del siglo, la pendiente de la historia, que sigue con irresistible impulso, es la separación de la Iglesia y del Estado. En donde quiera que la causa de la revolución triunfare, los testimonios de su victoria, son los actos que consignan la separación de ambas potestades, y más que todo, la conciencia de que el Estado es el único que debe tener autoridad legal en todos los actos solemnes de la vida. En Francia, a este respecto, la emancipación es completa. El matrimonio es civil, el registro de los matrimonios y muertes es civil. En los Estados Unidos, el magistrado que consigna los actos del Estado civil es el escribano de la comuna. ¿En qué nación emancipada ha tomado su ejemplo el jurisconsulto que ha informado? Será sin duda en Austria, sometida al más espantoso concordato. Después de cumplir con la ley civil, todo hombre debe hacerse autorizar después, por el rito religioso que quisiere, pero la Patria, el Estado, sólo debe reconocer por legal aquello que sus autoridades municipales o civiles atestiguen.
Pero hoy, después de saber lo que es el Estado y lo que es la Iglesia; sabiendo cuál es el deber social; conociendo el fin de las sociedades; pudiendo aprovechar de la experiencia de los tiempos y de los otros pueblos y del estado moral de la opinión en Buenos Aires en cuestiones religiosas, venir hoy, a nombre del Gobierno, a dar un decreto que nos amarra por la cuna y por la tumba, por el matrimonio y el bautismo a ese cuerpo muerto de la Iglesia romana, es manifestar ignorancia, dar un paso de retrogradación y
fomentar la educación pasada que combatimos para iniciar una vida nueva. Este solo hecho, por su trascendencia, bastaría para calificar a un gobierno; y así como con motivo de la cuestión Migliorucci, dijimos que la reforma se encaminaba a la edad media, hoy decimos que el gobierno emprende ese camino pero con una responsabilidad más tremenda, porque los actos gubernativos no son artículos de diario, sino hechos que tarde o temprano producen funestísimos resultados.
No se tratará aquí de dogmas ni de discusiones teológicas; se trata de hechos prácticos, y afirmamos a que ninguno de los escritores liberales que sostienen las ideas de la política presente se atreverá a sostener ese decreto.
Los actos civiles, son civiles, son de la ciudad, y la ciudad es más que la Iglesia, y nada tiene que hacer con los cultos. A la ciudad, es decir, al Estado y a las autoridades que establezca es a quien toca la gerencia de los registros civiles, el testimonio de los nacimientos, matrimonios, muertes. Es así como el Estado que camina en vía de emancipación, que ha autorizado la libertad de cultos a despecho de la Iglesia, la separación absoluta del Estado y de la Iglesia en otras partes; la emancipación de la enseñanza; la abolición de congregaciones; la enajenación de las propiedades conventuales, etcétera, ha podido cimentar su vida propia, independiente y soberana.
Y ahora, volver a reanudar y fortificar esos vínculos del adulterio de la Iglesia con la libertad. ¿Qué significa eso? Es ése el modo de marchar a la emancipación definitiva. Es tanto lo que debe el Estado a la Iglesia, es tanto lo que ama este Gobierno a la curia, o es tanto lo que tiene que hacerse perdonar, que hoy, de motuproprio, pudiendo haber organizado los registros civiles en manos de las municipalidades, ese hogar de la patria, va y los entrega en manos de nuestros enemigos, de los enemigos constantes, perpetuos y universales de la libertad. ¿Es esto progresar? ¡Vive Dios! Es cegarse para conducir ciegos, ¿adónde? A las nupcias solemnes y bienaventuradas con esa beldad de manto negro tan celosa, que abre sus brazos y que está conforme con la dote y los bienes parafernales que el compungido gobierno le presenta.
Hoy, quizás, no se comprenderá la importancia del decreto del Gobierno, pero más tarde, cuando el palacio obispal haya recibido todas las erogaciones que necesita para albergar a los desvalidos que publican el Evangelio sin sandalias, sin alforja, sin un denario en el bolsillo, con la cruz de madera en vez de la cruz de oro, flacos de abstinencia y de maceraciones por los pecados del mundo; cuando esos desvalidos del manto negro hayan podido ingerirse y apoderarse completamente de la dirección de los estudios y de la enseñanza; cuando todo el dinero que debía darse para escuelas, hospitales, penitenciarías y caminos, pase a manos de la curia para adornar los templos, levantar torres, quemar inciensos, pagar canónigos, entonces veremos, entonces se recordará el benigno decreto con el que está conforme [la] curia 1 .
 Y bajo otro aspecto, ¡qué significa esa autorización de la conformidad de la curia, que se alega en el exordio de un decreto del Gobierno! Significa dependencia y, como tal, es altamente atentatorio al dogma de la soberanía del pueblo.
La administración de las municipalidades, la gerencia de los registros parroquiales en sus manos, hubiera sido uno de los medios más eficaces de educación práctica republicana. El hombre del campo o de la ciudad sabiendo por la práctica que el testimonio civil era suficiente para consignar como actos legales, el matrimonio, el nacimiento de sus hijos, recibía en ese solo acto la lección de la soberanía e independencia del Estado, y esto hubiera sido un paso notable en la emancipación moral. Por el contrario, sin necesidad, sin que la opinión lo exigiera, se viene a remachar la antigua cadena, la antigua educación, a fortificar la antigua dependencia. Es una victoria del pasado pero, lo más triste, es que no ha sido arrancada sino concedida.
Si fuera representante del pueblo, yo pediría la abolición de ese decreto y la instalación de las municipalidades en el terreno de la libertad, abandonado por el Poder Ejecutivo a los aluviones de la Curia.
Se piensa en fronteras materiales, pero las fronteras morales son primero, porque sin éstas aquéllas no subsisten. Los indios roban, y hay una justa alarma, porque es la propiedad, la riqueza y la vida barata para el pobre; pero se deja pasar sin ruido, con miedo o con indiferencia, el robo que se hace a la frontera sagrada de la soberanía.
El casco del caballo del bárbaro encuentra eco en la ciudad; pero la marcha invisible y tortuosa del reptil que penetra en la órbita sagrada de las atribuciones civiles y hasta en el corazón de las generaciones nuevas, eso pasa desapercibido.
Ese decreto es una ilusión que se disipa, es una esperanza que se ahuyenta, acerca de la iniciativa que creíamos debía Buenos Aires emprender para la emancipación del continente. Habíamos creído que esta ciudad correspondería a la voz de Bogotá, para desde esos puntos, como de los dos focos de la gran elipsis, ver la identificación de la libertad y de la autoridad, independientes de todo poder extraño o extranjero.
Subsistan los curas, subsiste el culto, acuda el que quiera al curato o la Iglesia.
Libres son los individuos. Pero el Estado no debe impeler a las generaciones nuevas a inscribirse en el libro del enemigo de la libertad.
Lo más triste, a juicio mío, es que los hombres que hacen esas concesiones al pasado, son escépticos, indiferentes o muchos de ellos liberales, pero una vez en el poder, se inclinan ante las preocupaciones, ante los errores que han combatido. No tienen religión y quieren sumergirnos en las fuentes bautismales del poder romano para que llevemos desde la cuna el sello de la esclavitud pasada. No tienen religión. La libertad, el derecho, la razón independiente, la justicia, no es una religión para ellos; no han llegado a encontrar la base dogmática y religiosa de la libertad, y es por esto que se ven estas medidas, como el decreto de que hablamos; que revelan ignorancia de la política trascendental de la religión universal, o una indiferencia sobre la acción lenta de las instituciones en el alma de los hombres.
El que no ha llegado a convencerse de la incompatibilidad del catolicismo y de la libertad, no es hombre del porvenir.
El que no cree que la razón soberana; que el gobierno de sí mismo, que la separación de la Iglesia y del Estado; que la educación filosófica del Estado, la inscripción de los actos fundamentales de la vida, son las condiciones inseparables de la verdadera república, ése vive aún en las tinieblas.
El que no cree que la libertad y el derecho tengan una base religiosa, imperativa y eterna, ése no es el miembro de la ciudad futura.
Se cosecha lo que se siembra. Regad la tierra con agua bendita y veréis la brillantes cosecha de los hijos de Ignacio de Loyola pululando, alistarse poco a poco en campo y aldea, en ciudad e iglesia, para invadir como un aluvión el bañado que abandona la retirada del Estado. Si se mira esto con indiferencia, la raza latina merece ser reemplazada y dominada por el sajón y por el indio.
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